Los funcionarios del Estado y más aún las máximas autoridades deben acatar las resoluciones judiciales aún cuando no sean de su agrado. Las resoluciones judiciales que no estén acorde a los intereses institucionales deben ser apeladas a instancias superiores siguiendo los mecanismos judiciales establecidos en la ley.
Se debería analizar cómo se llevan a cabo los procesos sancionadores al interior de la Policía Nacional y cómo se llevan los procesos en fiscalía.